Por Víctor Manuel Zamora Ramírez
Tuxpan, Ver.,- Tenemos dos puntos principales en los que nos hemos enfocado en esta ocasión de nuestro posicionamiento de reclamación y queja al gobierno del estado por no haber cumplido con la investigación sobre el caso de represión en contra de compañeros pensionados que se manifestaron en la plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa el 23 de diciembre del año 2015 y que hicimos una demanda penal en este entonces, expresó el presidente de la Asociación Gremio Unido de Pensionistas en Defensa de la Seguridad Social (GUPDSS), Prof. Crisógono Luvián Olivares.
En conferencia de prensa está mañana acompañado de su esposa Profa. Ida Medellín Constantino y de los profesores Rosa Evelia Aguirre Guerra, Emilio Rosas Baez e Inés Barrios Ramírez, recordó que la represión que sufrieron fue por la exigencia del pago de la pensión y del aguinaldo y en este 2015 no les había cumplido el gobierno del estado.
Señaló, que esta situación ocasionó que se interpusieron una demanda penal en agosto del 2016 después de la represión y se presentó una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y este organismo mandó una recomendación al gobierno del estado encabezado por Javier Duarte de Ochoa para que sancionará a los responsables de esos hechos y entonces el gobierno del estado nos convocó a las víctimas y dirigentes de las diferentes organizaciones para escuchar una disculpa pública por parte de los funcionarios.
Agregó y se hizo el compromiso que durante la administración estatal se haría una investigación pero esto ni se hizo lo que significa que no se cumplió, fueron situaciones superfluas, sin importancia para sancionar a los funcionarios principales responsables de la represión.
Dieron a conocer que el otro punto es el amplio posicionamiento como frente estatal en defensa del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y al respecto comentaron sobre los diversos indicios sobre el manejo irresponsable de las reservas del IPE entre ellos el contrato de comisión mercantil de mil 600 millones de pesos que el gobierno del estado informó haber recibido y pagado sin comprobarlo de manera legal.
Asimismo acerca de un acuerdo en el año 2016 del Consejo Directivos de disponer de 1,126,633,907.57 pesos para pagar obligaciones sin demostrar la aplicación del recurso en los términos aprobados.
Por estas razones nos estamos manifestando de forma simultánea porque nos preocupa la na=activa de éxito de los actuales funcionarios del IPE de Veracruz frente a hechos que mantiene intacta la vulnerabilidad en las finanzas del Instituto, sin incorporar perspectivas económicas sólidas pata el futuro cercano.
Expresaron por el contrario ha habido una disminución creciente de aportaciones derivada de la falta de basificación de gran parte de los trabajadores de los entes incorporados al IPE, decisiones desafortunadas como el pago de pensión a los beneficiarios de las Fuerzas Armadas de México, el manejo deficiente de la mayor parte de los bienes inmuebles del Instituto y sustracciones de fondos de la Reserva Técnica, cuyo uso legal y retorno del fideicomiso correspondiente no han sido comprobados.
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